La autoridad deberá abstenerse de llevarse el vehículo o bajarlo sin realizar cobro alguno por maniobras o arrastre, aplicando únicamente la infracción correspondiente.

Por Ernesto Muñiz 

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Ante las constantes quejas de automovilistas por el retiro de vehículos aun cuando los propietarios llegan a tiempo para evitar el arrastre, la Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una reforma a la Ley de Tránsito que busca poner fin a prácticas consideradas arbitrarias.

La modificación, avalada por la Legislatura 66, adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 26 de la Ley de Tránsito del Estado, con el objetivo de impedir que las grúas retiren unidades cuando el conductor o propietario esté presente al momento de la remoción o acuda antes de que inicie el traslado.

En esos casos, la autoridad deberá abstenerse de llevarse el vehículo o bajarlo sin realizar cobro alguno por maniobras o arrastre, aplicando únicamente la infracción correspondiente.

La iniciativa fue promovida por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, quien argumentó que la reforma responde a un reclamo social reiterado frente a situaciones en las que operadores de grúas se niegan a devolver las unidades pese a que el dueño llega antes de que se concrete el traslado.

Durante el análisis en comisiones, la legisladora sostuvo que el objetivo es garantizar proporcionalidad en las sanciones administrativas. “Cuando la persona conductora se encuentra presente y puede corregir de inmediato la conducta, por ejemplo un estacionamiento indebido, el arrastre del vehículo resulta una medida excesiva”, afirmó.

Subrayó que la intención no es eliminar la facultad sancionadora de la autoridad, sino limitar el retiro vehicular a los casos estrictamente necesarios, evitando cargas económicas desproporcionadas para la ciudadanía.

“La autoridad cumple su deber cuando corrige con justicia, no cuando castiga sin necesidad”, expresó ante integrantes de la comisión dictaminadora.

Con esta reforma, el Poder Legislativo busca atender la inconformidad ciudadana y fortalecer la confianza en las instituciones, al establecer reglas claras para evitar cobros indebidos por concepto de arrastre cuando el conductor está en posibilidad de retirar su vehículo en el lugar de la infracción.