HOY ES miércoles 11 de marzo de 2026

Director General: Ernesto Muñiz

El ‘blindaje’ se terminó; se le acabó la protección a Cabeza de Vaca: Humberto Prieto

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Por Ernesto Muñiz

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Durante  conferencia “La Mañanera Legislativa”, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que protegía al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que, afirmó, el exmandatario puede ser detenido y deberá enfrentar los procesos legales correspondientes por los delitos que se le imputan.

Prieto Herrera sostuvo que la resolución marca el fin de un “blindaje” judicial que durante años mantuvo al exgobernador fuera del alcance de la ley. Señaló que, con esta decisión, “nada ni nadie está por encima de la ley” y aseguró que el poder público no debe utilizarse como escudo para evadir responsabilidades.

El legislador afirmó que, en el pasado, resoluciones judiciales favorecieron al exmandatario y permitieron que se mantuviera protegido, lo que —dijo— formó parte de un sistema que toleró abusos, corrupción y privilegios. Indicó que ese periodo ha quedado atrás y que el exgobernador deberá responder ante la justicia penal por los presuntos daños causados al estado.

Asimismo, hizo un llamado a ciudadanos, empresarios y servidores públicos que cuenten con denuncias, información o elementos relacionados con el caso, a presentarlos ante las autoridades competentes. Aseguró que existen condiciones jurídicas y políticas para que los procedimientos avancen conforme a la ley.

Prieto Herrera también destacó la participación ciudadana en el proceso, al referirse a las más de 100 mil firmas entregadas al máximo tribunal como respaldo social para que se resolviera el caso. Agradeció tanto a la ciudadanía como a los ministros por atender la petición y afirmó que el momento representa un parteaguas para la vida pública de Tamaulipas, al señalar que “se acabaron los intocables”.

Finalmente, reiteró que la exigencia social es clara: que quien haya abusado del poder responda ante la justicia y que se ponga fin a la impunidad en la entidad.